“Penalmente, el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles”, recalcó el procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amílcar García, al confirmar que el acuerdo firmado entre el gobernador Sergio Urribarri y los representantes de los amotinados en Concordia, será parte de las pruebas que presentará apenas termine la feria para denunciar penalmente a los “sediciosos”.
Para el funcionario judicial, el acta que fuera firmada el 9 de diciembre y la foto posterior de los negociadores junto al gobernador que circuló por los medios y las redes sociales, son la prueba de que “se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición”.
En primera instancia, la presentación involucra a unos 70 policías, aunque la máxima responsabilidad recaerá en una docena de uniformados.Son tres las líneas investigativas en marcha: la que involucra a los efectivos que resolvieron unilateralmente ejercer la inacción, los ciudadanos que participaron de los saqueos y la hipotética complicidad entre sediciosos y saqueadores.
“Con el Código nuevo todo esto será llevado a juicio oral: lo que antiguamente era la parte instructoria lo han estado llevando adelante los fiscales que aportarán en juicio las pruebas colectadas y en ese ámbito también se escuchará por primera vez a los implicados”, explicó, antes de aseverar que “si bien el núcleo de la presentación está casi lista, el receso sirve para seguir incorporando pruebas fílmicas y datos testimoniales”.
En diálogo con El Diario, García consideró que “el respeto por la norma debe ser un principio general y quien la quebrante, debe hacerse cargo de la pena contemplada”, antes de estimar que el juicio oral “será la reconstrucción histórica de lo que no hubiéramos querido que pasara”.
