Seis personas trans –cinco chicas y un chico– fueron contratadas en febrero de este año y quedaron sin trabajo el 31 de octubre, cuando cayeron sus contratos. En diálogo con APFDigital, sostuvieron que tener un trabajo estable es un “derecho adquirido” que ha sido “históricamente negado a la comunidad trava-trans” y consideran que su despido es “un enorme retroceso”.
Este jueves un grupo de personas trans llegaron a Tribunales a fin de presentar un amparo contra la decisión de la Municipalidad de Paraná de no renovarles sus contratos.
“Hemos buscado otras instancias, incluso fuimos a Inadi y no hemos tenido respuestas favorables. Y creemos que es urgente que se solucione nuestra situación”, expresó Iara Aranzazú Quiroga, una de las afectadas.
Conseguir un trabajo estable “es algo que se nos debe históricamente a la comunidad trans, que ha sido vulnerada y se le ha negado el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud”, lamentó la activista. En ese sentido remarcó: “No podemos retroceder a todos los avances que ha tenido la comunidad trans en Paraná”.
Aseguró que sus contratos fueron el resultado de un trabajo que llevó “largo tiempo”. Al respecto reseñó: “El año pasado hicimos un relevamiento de la comunidad trans de Paraná, que fue avalado por la Nación. En febrero entramos al Municipio y desde ese momento venimos trabajando, hasta el 31 de octubre que cayeron los contratos y no los renovaron”.
Luego remarcó: “Que seis personas trans hayamos accedido a trabajo en el Municipio no es menor, es un avance muy grande y no podemos retroceder”. En ese sentido, Quiroga sostuvo: “No queremos volver a la calle a ejercer la prostitución, no queremos que la prostitución sea la única salida para las chicas trans”.
Consultada por APF respecto a si mantuvieron algún contacto con las autoridades municipales electas, Iara Quiroga respondió: “Estamos trabajando todos los contactos posibles. Pero no estamos peleando con nadie, ni con los que se van ni con los que vienen. Estamos reclamando al Estado municipal que se haga responsable de nuestros contratos y de nuestras personas. No nos interesa el político de turno, sino nuestra estabilidad. No pertenecemos a ningún partido político. Y estemos donde estemos siempre somos el último eslabón de la cadena. Entonces no le vamos a reclamar a ninguno de los políticos, sino al Estado”, subrayó.
Las afectadas son en total seis personas, cinco chicas y un chico, que cuentan con la asesoría legal de la abogada Aranzazú Quiroga. Cuatro de ellas pertenecen a Desarrollo Social municipal, específicamente en la Dirección Alimenticia. Las otras dos personas cumplían funciones en la Subsecretaría de Programas Especiales y Nacionales.
Su situación se enmarca en la decisión de la gestión de Sergio Varisco de no renovar contratos, que afectó a miles de empleados.
“Pedimos que nos reintegren”, remarcó la activista. Contó que tuvieron “una primera instancia en el Inadi”, pero allí se desestimó el argumento de discriminación. “Nosotras adquirimos un derecho y ahora hubo un retroceso. Queremos que no nos saquen nuestros derechos que ya tenemos. Ya demostramos que somos capaces y eficaces para seguir avanzando, demostramos que podemos y que nuestras capacidades no van por nuestra sexualidad o por nuestra elección”, remarcó Quiroga. “Es un derecho que nos corresponde. No pedimos más que eso”, finalizó.
