Franco Macri tiene un viejo anhelo: acordar con el Estado y cerrar el concurso preventivo que el Correo Argentino arrastra desde 2001. Tras varias negativas, con el arribo del gobierno de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, dio un gran paso para lograrlo en junio pasado.
Sin embargo, ahora, la Fiscalía General en lo Comercial quiere ponerle un freno. Consideró que el posible acuerdo sería «abusivo», ya que, en la práctica, implicaría «una condonación de la deuda» por más de $ 4277 millones a valores actuales y de $ 70.163,9 millones a marzo de 2033, cuando se terminaría de pagar la última cuota de ese acuerdo , según surge de los registros judiciales.
La fiscal Gabriela Boquin planteó la objeción al acuerdo al recomendar a la Cámara que lo rechace. Además, notificó lo ocurrido a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue si hubo irregularidades y si amerita radicarse una denuncia penal. Boquin llegó a esa conclusión tras verificar que, durante años, los abogados del Estado rechazaron las propuestas del Correo -una empresa del grupo Macri- «por implicar más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago».
En el Ministerio de Comunicaciones defendieron su decisión. «Con el concurso, la deuda que mantenía el viejo Correo con el Estado se había congelado y se iba licuando por inflación. Por eso se tomó la decisión de tratar de cerrar la discusión y de recuperar algo de dinero. Porque $ 300 millones era una fortuna en 2001, pero cada día que pasa lo será cada vez menos», señalaron.
El argumento de la fiscal agrega que la posición del Gobierno de rechazar el acuerdo cambió por completo a mediados de 2016, cuando un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que no sería competente terminó por aceptar «una propuesta que no analizó técnicamente y resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad».
