Un nuevo testigo se presentó en Fiscalía y declaró ante la fiscal que lleva adelante la causa que investiga a once personas por el presunto abuso sexual de tres menores, que se inició en 2005 y que recobró impulso en este último tiempo. El testimonio es preservado en función del carácter de los hechos que se investigan. Otra declaración, que consta en el expediente, revelaría una derivación tan grave como los aberrantes hechos investigados.
Fuentes judiciales informaron a El Diario que un nuevo testigo declaró ayer ante la fiscal Laura Cattaneo en el contexto de la revitalizada causa que investiga la presunta responsabilidad de once personas en el abuso sexual de tres hermanos que tenían, al momento de los hechos que fueron denunciados en 2005, entre cuatro y seis años.
Según se indicó, se trata de un hombre que tendría una relación con la familia materna de las supuestas víctimas. El testimonio es preservado en función de la gravedad de los hechos que se investigan.
De acuerdo a lo que se pudo establecer, el nuevo testigo se presentó en Fiscalía el martes y dijo que tenía datos para aportar, pero cuando los funcionarios salieron para tomarle el testimonio se había retirado. Con los datos personales que aportó pudo ser hallado y citado a declarar, lo que se formalizó este jueves 5 de septiembre.
Las fuentes consultadas evaluaron que el hombre habría decidido contar lo que sabe de los hechos a partir del impulso que cobró la investigación, en la que a pedido de la fiscal se anuló todo lo que se había hecho hasta septiembre de 2017, puesto que al revisar las Cámaras Gesell que realizaron los niños, Cattaneo advirtió que se estaba ante “un hecho mucho más grave” que un abuso en el seno familiar.
Así, la fiscal pidió nuevas indagatorias, reformuló los hechos y amplió el requerimiento fiscal, lo que significó “comenzar todo nuevamente”. Según se precisó, los testimonios de los niños revelaban que “se trataba de muchos abusos, durante más tiempo y con más participantes”. Durante la investigación, la abuela de los niños fue declarada insana y quedó desvinculada de la causa que tiene un requerimiento de 30 fojas y un relato de los hechos de 20 fojas.
Apelación
La revitalizada investigación cristalizó con los once procesamientos que dictó el 12 de agosto el juez de Transición Nº2, Gustavo Maldonado, confirmando así la información que El Diario publicó en su edición del domingo 25 de agosto.
El juez sostuvo que se trata de “hechos realmente muy graves que conmocionan de leerlos”. El miércoles 4 se conoció que las defensas, –seis imputados son representados por la Defensa Pública y el resto por defensores particulares- apelaron los procesamientos, que aún no están firmes. Las apelaciones serán analizadas por una terna del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.
Minimizado
La investigación trata de determinar qué responsabilidad tendría el grupo familiar materno de las supuestas víctimas –integrado por el abuelo, la madre, la tía, el tío y la pareja hombre del tío- y seis personas más, en las supuestas violaciones en rituales que habrían ocurrido en Oro Verde, localidad ubicada a diez kilómetros de Paraná.
La causa había perdido fuerza puesto que en un principio se investigaba un hecho que fue “minimizado” por los funcionarios judiciales que iniciaron la investigación, porque según precisaron fuentes judiciales consultadas por El Diario, “se trataba de un abuso a un nene, en una oportunidad”, pero a partir de volver a ver las Cámaras Gesell que se realizaron a las supuestas víctimas, el hecho pasó de ser un abuso en el seno familiar materno a una serie de “abusos intrafamiliar ampliado” a terceros, en rituales en los que “había drogas, bebidas alcohólicas y los participantes se desnudaban y bailan en círculos”. Los presuntos abusos también habrían ocurrido en una vivienda y en un coqueto hotel céntrico de Paraná.
¿Zona liberada?
Otro dato que surge del expediente que comenzó a sustanciarse en 2005 a partir de la denuncia que realizaron el abuelo y el padre de las supuestas víctimas exhibiría una derivación que agravaría la situación de los sospechosos. O al menos la de uno de ellos.
Se trataría de la situación de un funcionario de la Policía de Entre Ríos, que tendría un alto cargo, de quien se sostiene en el expediente y por las manifestaciones de una persona, que habría realizado acciones para “liberar” zonas para el paso de un auto en el que se transportaba a una de las víctimas hacia fiestas en Santa Fe y Rosario.
Las fuentes consultadas señalaron que se estaría frente a un posible caso de trata de personas para su explotación sexual. El dato, que está en el expediente, no es menor. En el fuero Federal se condenó a tres hombres que no pudieron explicar a los efectivos que los detuvieron en un control vehicular en el enlace vial Victoria-Rosario, qué hacían transportando a una menor. La sentencia en este caso demostró que los controles de la fuerza son efectivos.
