La condena contra el secretario de Asuntos Legales

Kohan: "Puede haber habido negligencia, pero no hubo intento de cometer ningún tipo de delito"

El secretario de Asuntos Legales del municipio, Saúl Kohan, admitió ayer que "pudo existir alguna negligencia", pero enfatizó que "no hubo intento de cometer ningún tipo de delito" cuando, como funcionario provincial, en 1991, su repartición adquirió software para equipar los juzgados laborales de Entre Ríos.

Esa compra, que Kohan avaló con su firma cuando se desempeñaba como subsecretario de Justicia de la provincia, fue puesta en tela de juicio más tarde y derivó en una causa civil por la que ahora fue condenado a pagar casi tres millones de pesos.

El ahora funcionario municipal dio su versión de los hechos, subrayó que la condena no pone en duda su honestidad, señaló que el trámite recorrió todos las vías formales y tuvo incluso la aprobación del gobernador (era Jorge Busti) y el ministro de Gobierno, y que el pago a la empresa proveedora de informática lo hizo el ministerio de Economía.

"Yo puse la firma. Esa fue mi intervención. Por eso reivindico una expresión del diario El Pueblo de ayer: Puede haber habido negligencia, pero lo que sí, lo aclaro categóricamente, no hubo acción dolosa, no hubo intento de cometer ningún tipo de delito", indicó Kohan durante una entrevista que ofreció hoy a este medio.

El abogado indicó que esa ausencia de mala intención quedó evidenciada en un hecho puntual: no hubo causa penal, sino un reclamo civil.

"Lo habitual es que cuando un funcionario incumple sus funciones por inobservancia o lo que fuera, se haga una denuncia penal. Y en este caso no la hubo. Y no la hubo porque no había elementos penales bajo ningún concepto. Entonces esto aparece como una acción civil que podría compararse con un accidente de tránsito", explicó.

En ese marco, valoró la actitud del intendente Adrián Fuertes, quien rechazó su renuncia al cargo porque, a su juicio, "logró distinguir perfectamente lo que puede ser una sospecha de deshonestidad con alguna falla que hace veinte años uno puede haber tenido".
     
La mirada hacia atrás

Saúl Kohan dijo a este diario que le cuesta recordar en detalle cómo fue la operación que terminó involucrándolo en una causa judicial. Pero aclaró que lo que sí está fresco en su memoria es que el trámite se efectuó por los canales formales y que recibió el visto bueno de muchas otras reparticiones del estado.

"Tengo una cierta tranquilidad porque, si hay una responsabilidad en esto, no es mía. Hubo toda una cadena de funcionarios, no fui el único. Además, los pagos los efectuó el ministerio de Economía, no lo manejamos nosotros. Todo estuvo sujeto a controles", detalló.

El funcionario contó que el equipamiento de los juzgados era promovido a través de un programa nacional en 1989, todavía bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Y rememoró que tanto desde el ministerio de Gobierno como desde el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos le pedían que "agilice las gestiones" para la compra del software.

"Lógicamente, tanto entonces como también ahora, de informática yo no entendía demasiado, y entonces actuaron mayormente los técnicos de la dirección de Informática de la provincia, que hacían la parte técnica, operativa", relató.

Y sostuvo: "En esa gestión, el licenciado Arancibia era más importante que yo. Es una cosa rara, pero Arancibia no apareció ni en la denuncia de la Fiscalía ni durante el juicio. Intenté buscarlo para citarlo a declarar y no lo pude encontrar. Andaba por San Luis creo".

-Pero evidentemente esta plata que le quieren cobrar a usted, alguien se la llevó.
-No estoy seguro de que sea así. Porque en esa época venía armado así. No descarto que pueda haber existido un sobreprecio, pero no había la oferta en informática que hay actualmente. Entonces los que manejaban ese tema lo tenían en una forma casi exclusiva, casi monopólicamente. Además, la empresa venía sustentada por una acción de la secretaría de Justicia de la nación, que incluso recomendaba a los capacitadores y técnicos.

Pañeda, antes y ahora

Una de las vocales del Superior tribunal de Justicia que ratificó la condena civil de Kohan fue la doctora Leonor Pañeda, que según Kohan conocía en profundidad el caso porque en aquellos años se desmepeñaba como asesora de la subsecretaría que él comandaba.

"Yo confié en que ella, que conocía cómo fue el proceso, iba a evaluar las cosas. Y la verdad es que lo dejé llevar (al problema), no hice demasiado; y apareció esta sentencia", reflexionó.