Lo indicó Silvia Pioli a El Diario de Paraná
Desde el bloque opositor, pedirán a Fuertes que acepte la renuncia de Kohan
La concejal del radicalismo Silvia Pioli adelantó a El Diario de Paraná que el bloque de la Unión Radical Vecinal podría pedir en las próximas horas al intendente Adrián Fuertes que le acepte la renuncia al secretario de Asuntos Legales de la comuna, Saúl Kohan, condenado en una causa civil por pago de sobreprecios.
Kohan fue condenado por la Justicia entrerriana a pagar 600 mil pesos, al encontrarlo responsable de los daños y perjuicios que le causó al Estado hace 17 años, al avalar con su firma un contrato desventajoso para la provincia.
“En lo personal considero que el intendente debe aceptarle la renuncia a Kohan y más aún por el cargo que desempeña en la municipalidad”, dijo Pioli a El Diario; y enfatizó que, tras la ratiicación de su condena por parte del Superior Tribunal de Justicia, “Kohan no puede seguir siendo funcionario” y menos con la ratificación de la sentencia del STJ.
La edil aclaró que “aún no hay una posición como bloque” respecto al caso del secretario de Asuntos Legales, pero anticipó que algunos concejales de la Unión Radical Vecinal de Villaguay, consideraron que Saúl Kohan, condenado por la Justicia al haber avalado con su firma el pago de un sobreprecio, cuando era subsecretario de Justicia en 1991, debe dejar su actual función en la Municipalidad.
EL CASO.
Después de 17 años y tras varios procesos judiciales en el medio, la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia (STJ) conformó el 9 de abril la condena a Kohan al encontrarlo responsable del perjuicio ocasionado al Estado entrerriano.
De la investigación se desprende que el acusado avaló con su firma un contrato desventajoso para la Provincia y por el cual se pagó un sobreprecio para la equipar los juzgados laborales con equipos informáticos.
Según consta en la denuncia, en ese contrato se convino por el equipamiento y sistema adquirido un precio superior al que regía en el mercado en esa época. La compra fue avalada por el decreto 1.815, del ministerio de Gobierno, del 10 de mayo de 1991 y ratificada por la Legislatura entrerriana.
Con la ratificación de la sentencia, el ahora funcionario villaguayense debe pagar 600 mil pesos, que sería el sobreprecio que pagó la Provincia por la adquisición de esos equipamientos informáticos para los juzgados laborales.
Conocida la sentencia de la Sala Civil del STJ que contó con los votos de los vocales Leonor Pañeda y Emilio Castrillón y a abstención de Juan Carlos Ardoy, el intendente de Villaguay rechazó la renuncia presentada por Kohan al cargo de secretario de Asuntos Legales.
DESCARGO.
Por su parte, el condenado ex subsecretario de Justicia hizo su descargo y consideró que “puede haber habido negligencia, pero no hubo intento de cometer ningún tipo de delito”.
Según se desprende de un reportaje concedido a El Pueblo, el actual secretario de Asuntos Legales del municipio dijo, que su única participación en la compra de software para equipamientos de los juzgados laborales de la provincia, ocurridos en 1991, fue su firma y que el trámite recorrió todas las vías formales e incluso tuvo la aprobación del entonces gobernador Busti.
“Yo puse la firma. Esa fue mi intervención. (...) Puede haber habido negligencia, pero lo que sí, lo aclaro categóricamente, no hubo acción dolosa, no hubo intento de cometer ningún tipo de delito”, indicó Kohan a este sitio.
Al analizar la acusación que recayó sobre él y la posterior sentencia, Kohan ratificó que no hubo mala intención, caso contrario se hubiese entablado también una causa penal. “Lo habitual es que cuando un funcionario incumple sus funciones por inobservancia o lo que fuera, se haga una denuncia penal. Y en este caso no la hubo (...), porque no había elementos penales bajo ningún concepto. Entonces esto aparece como una acción civil que podría compararse con un accidente de tránsito”, ejemplificó.
17 AÑOS.
Kohan confesó que por los años transcurridos de la firma el contrato, le cuesta recordar los detalles de cómo fue la operación, pero ratificó que el trámite se hizo cumpliendo todos los requisitos formales y que dicho contrato tuvo el visto bueno de muchas reparticiones del Estado.
“Tengo una cierta tranquilidad porque, si hay una responsabilidad en esto, no es mía. Hubo toda una cadena de funcionarios, no fui el único. Además, los pagos los efectuó el Ministerio de Economía, no lo manejamos nosotros. Todo estuvo sujeto a controles”, detalló.
El funcionario contó que el equipamiento de los juzgados era promovido a través de un programa nacional en 1989, todavía bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Y rememoró que tanto desde el Ministerio de Gobierno como desde el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos le pedían que “agilice las gestiones” para la compra del software.
“Lógicamente, tanto entonces como también ahora, de informática yo no entendía demasiado, y entonces actuaron mayormente los técnicos de la dirección de Informática de la Provincia, que hacían la parte técnica, operativa”, relató Kohan.
Y sostuvo: “En esa gestión, el licenciado Arancibia era más importante que yo. Es una cosa rara, pero Arancibia no apareció ni en la denuncia de la Fiscalía ni durante el juicio. Intenté buscarlo para citarlo a declarar y no lo pude encontrar. Andaba por San Luis creo”.
Voto a voto
En cuanto a la decisión que tomó el STJ, Saúl Kohan no ocultó su decepción con el voto de la vocal Pañeda. Es que según, le comentó al medio local, la actual magistrada, era por aquellos años asesora de la subsecretaría donde él comandaba. “Yo confié en que ella, que conocía cómo fue el proceso, iba a evaluar las cosas. Y la verdad es que lo dejé llevar (al problema), no hice demasiado; y apareció esta sentencia”, reflexionó.
