El concejo deliberante sancionó la semana pasada una modificación a la ordenanza que regula el funcionamiento de los cibers en nuestra ciudad: el cambio consiste en obligar a esos locales a llevar un registro de sus usuarios, para prevenir el accionar de pederastas y acosadores.
El proyecto surgido del bloque del Frente Justicialista para la Victoria recibió despacho favorable de la comisión de Legislación General del cuerpo y luego fue aprobado en la última sesión.
Consiste en introducir una modificación a la ordenanza Nº 860, por la que se reglamenta la habilitación y funcionamiento de los locales que brindan servicios de internet y programas informáticos en red.
La adenda establece que sólo se podrá brindar dicho servicio a “las personas que ingresen (a los locales) con su documento nacional de identidad o similar”.
Pero eso no será todo: los cibers tendrán que “llevar un registro de usuario donde por fecha consignarán datos personales, horario de entrada y salida de cada cliente, número de PC asignada, dirección de IP, dirección IP/PROXY; Host y puerto utilizado”. Ese registro sólo podrá ser exhibido ante requerimiento de autoridad judicial.
Protección
En los fundamentos de la iniciativa se considera que es “necesario actualizar la ordenanza local adecuándola a las leyes nacionales sobre protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como así también a la legislación sobre servicios de internet, con el fin de resguardarlos de la posible acción de pederastas que utilizan las redes y navegación por internet para el cometido de delitos y ofensas graves”.
Se indica que en la lucha e investigación contra este tipo de delitos se identifica a su autor ubicando la PC desde donde se comete el ilícito identificando la dirección de IP, que es única para cada aparato, por lo cual la navegación web nunca es totalmente anónima.
Pero cuando estos ilícitos se cometen desde equipos proporcionados por cybers, si bien es posible identificar desde donde se hace la conexión, queda truncada toda posibilidad de investigación respecto a qué persona cometió el hecho.
Por ello se entiende que “mediante la metodología de exigir un registro de usuarios, con las garantías y el equilibrio necesario para no invadir la intimidad y garantizar los derechos de las personas, se brindará una mayor posibilidad de control y protección a nuestras niñas, niños y adolescentes de posibles pederastas y ofensores sexuales”.
